miércoles, 22 de diciembre de 2010

Fracasa la 'ley Sinde' en el Congreso tras el último intento del PSOE de conseguir apoyo

La ley pasa ahora al Senado, donde el Grupo Socialista intentará de nuevo un acuerdo para que sea aprobada

www.elpais.com/R. MUÑOZ | R. J. CANO - Madrid - 21/12/2010


Negociación

El diputado del PSOE, Francisco Fernández Marugán, convesa con el diputado de CiU, Josep Sánchez Llibre, durante la Comisión de Economía del Congreso que debate la 'ley Sinde'.- ULY MARTÍN

La polémica ley Sinde ha fracasado esta noche en el Congreso, donde ha sido tumbada en la Comisión de Economía por 20 votos a 18. El PSOE se ha quedado solo con la enmienda contemplada en el proyecto de Ley de Economía Sostenible (LES) que prevía el cierre de webs que favorezcan las descargas de archivos protegidos por derechos de autor como películas o música. Después de frenéticas negociaciones a última hora de la tarde con CiU y el PP, la disposición conocida como ley Sinde no ha logrado avanzar, por lo que la Ley de Economía Sostenible pasará al Senado sin esa parte. En la Cámara alta el Grupo Socialista tratará de conseguir los apoyos necesarios el próximo año para volver a incluirla.

Negociación en el Congreso
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Los diputados Pedro Azpiazu (PNV, de pie), Josep Sánchez Llibre (CiU) y Francisco Fernández Marugán (PSOE) conversan en la Comisión de Economía del Congreso, donde se debate la 'ley Sinde', mientras el diputado del PP, Vicente Martinez Pujalte, en el fondo de la imagen gesticula- ULY MARTÍN

Audio

Entrevista a Ángeles González Sinde en 'Hoy por Hoy' (20/12/2010)

AUDIO - Cadena Ser - 21-12-2010

Carles Francino ha hablado con la ministra de cultura de la polémica suscitada por la llamada 'Ley Sinde' -

Foto

Argumentario difundido por el Gobierno

DOCUMENTO (PDF - 120,33Kb) - 20-12-2010

La noticia en otros webs

El PP también ha querido sacar rédito a la polémica que a buen seguro desgastará al Gobierno. Los populares exigieron del Grupo Socialista el apoyo a una enmienda suya que aumentaba la intervención judicial en el proceso. El texto planteaba el requerimiento de la autorización judicial previa para pedir los datos a los proveedores de acceso a Internet (ISP) que permitieran identificar a las webs presuntamente infractoras. El PSOE defendía que era suficiente garantía judicial la que contiene la ley de que la Audiencia Nacional decida finalmente si autoriza las peticiones de cierre de webs que le proponga la Comisión de Propiedad Intelectual. Para el PP, como para muchos detractores de la ley, esta garantía no es tal porque la Audiencia no entrará en el fondo del asunto. Y se frustró el acuerdo.

La ley ha sido sometida a votación al finalizar el pleno de la Cámara, en el que se han aprobado, entre otros, la ley antitabaco y los Presupuestos Generales de 2011. La disposición ha recibido el rechazo de todos los grupos parlamentarios menos el PSOE. El fracaso de la llamada ley antidescargas se veía venir tras romperse las negociaciones entre el Grupo Socialista y CiU y el rechazo manifestado por el PNV. El Gobierno trató a última hora y a la desesperada de negociar con el PP, pero sin resultado. Al final, el Congreso tumbó la llamada ley Sinde.

Pero los detractores de la norma que pretende acabar con las webs de descargas no deben cantar aún victoria. La LES será debatida en el Senado, sin esta disposición, a partir del 18 de enero, cuando la Cámara alta celebre su primer pleno del próximo año. En el Senado, el Grupo Socialista puede negociar con el PNV para tratar de ganar su apoyo, y en caso de fracaso, buscar un acuerdo con el PP. Sin embargo, el golpe de efecto y el varapalo al Gobierno de esta noche serán difíciles de curar.

La votación se ha desarrollado mientras fuera del Congreso un grupo de personas se manifestaba, después de una convocatoria por Twitter, contra la aprobación de la ley.

Después de hasta tres retrasos en la votación, y una hora y media de debate, el Grupo Socialista había forzado una negociación con los nacionalistas catalanes para intentar salvar la disposición. La razón de esa dilación era la petición del PSOE de arrancar a toda costa un acuerdo de los catalanes para no quedarse solo en la defensa de la famosa disposición final segunda.

Los catalanes, sabedores de la debilidad del Gobierno, han tratado de estrechar el cerco para que, a cambio de su respaldo a la ley Sinde, poder conseguir que los socialistas apoyen el grueso de sus enmiendas -han presentado 200- sobre las más variadas materias (fiscalidad de vivienda, transporte, seguros, biotecnologías, fiscalidad nuclear y otras) que nada tenían que ver con Internet.

Pero ya esta tarde, el portavoz parlamentario de CiU, Josep Sánchez i Llibre, anunció la ruptura de las negociaciones e invitó al Gobierno a negociar "con sus socios naturales", tras sentirse segundo plato luego de la negativa del PNV de respaldar la iniciativa.

No se han cumplido las previsiones de que el Congreso iba a pasar de puntillas sobre la ley antidescargas. Porque si algo ha habido hoy ha sido debate. La que ha pasado desapercibido es el resto de la LES, que apenas mereció unos comentarios de los ponentes.

Oposición a la 'ley antidescargas'

La refriega sobre ley Sinde encendió la Comisión desde el principio. El PP, que había presentado varias enmiendas para asegurar una mayor intervención judicial en todo el proceso, quiso sostener un discurso equidistante. Apoyo a los derechos de propiedad intelectual, pero rechazo absoluto al proyecto del Gobierno. Para el PP, la disposición intentaba "maquillar" con un procedimiento judicial rápido el que un órgano administrativo como la Comisión de Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura, pudiera cerrar páginas webs. "En la práctica, sería posible cerrar webs sin la debida garantía judicial, lo que abriría la puerta a que desde el poder político se vulnerasen derechos fundamentales como el de la libertad de expresión", según José María Lasalle.

Marta Gastón, ponente del PSOE, le refutó que solo "la justicia puede decidir el cierre de una web", y aseguró que no se puede "desproteger a un sector que da empleo a 800.000 personas y representa el 4% del PIB". Recordó que la subcomisión de Cultura acordó por mayoría dar unas garantías mínimas de protección a la propiedad intelectual, y afirmó: "Si protegemos más a los ladrillos que las ideas, estaremos condenando a nuestros jóvenes a seguir fabricando ladrillos".

El rechazo fue rotundo por parte del PNV, mucho más beligerante que lo que se esperaba en los bancos socialistas. "Nuestro grupo está profundamente en contra" de la ley Sinde, señaló Aizpiazu, quien pidió una completa reforma en profundidad de la Ley de Propiedad Intelectual.

Ya anunciada la oposición de ERC-ICV-IU, la diputada de ICV, Nuria Buenaventura, no dudó en pedir que se retire "la ley de la patada en el módem", mientras que Joan Ridao (ERC) la calificó de "chapuza de Pepe Gotera y Otilio". "Responde a la presión del lobby de la industria cinematográfica estadounidense, como ha revelado Wikileaks, al que se ha prestado el Gobierno", aseguró. También Coalición Canaria se opuso a la ley Sinde.

Y en agua de nadie, y haciendo equilibrios, Josep Sánchez-Llibre, portavoz de CiU, alimentó el suspense: "Estamos a favor de proteger la propiedad intelectual para asegurar la autonomía cultural y la dignidad profesional de los artistas". Eso dentro de la Comisión, porque nada más salir, ante el corrillo de periodistas dio por cerrada la posibilidad de un acuerdo y anunció el voto en contra.

Y vuelta a empezar. El PSOE pidió a la mesa de la Comisión hasta tres aplazamientos para intentar doblegar la resistencia de CiU mientras se celebraba el pleno. En los pasillos se podía ver a Francisco Miguel Fernández Marugán, del PSOE, intentando convencer a Sánchez-Llibre para que rectificase. No hablaban de nada que tuviera que ver con las descargas. Sino de impuestos y transportes.

Protestas

Las protestas desencadenadas por la iniciativa entre colectivos de internautas ha dificultado el apoyo de los grupos parlamentarios a la ley del Gobierno, pues nadie quiere asumir el coste electoral que eso puede suponer. Al autocierre protagonizado el domingo por las principales páginas de enlaces como Seriesyonkis o Cinetube, le siguió ayer el llamamiento desde distintos foros para bloquear las páginas del Congreso de los Diputados y de partidos como PP, PNV, PSOE y CiU. Los diputados de estos grupos parlamentarios tuvieron problemas de acceso a sus ordenadores a partir de las seis de la tarde.

Más de 5.000 internautas se han sumado en las últimas 24 horas al manifiesto Si es legal, es legal de Facua-Consumidores en Acción contra la ley Sinde, superando así las 35.000 firmas que han sido enviadas a los portavoces de la Comisión de Economía, para pedirles que no aprobasen "una norma elaborada contra los intereses de los ciudadanos".

Asimismo, más de 150 escritores, entre ellos Almudena Grandes, Rosa Montero, Juan José Millás, Ángeles Caso, Elvira Lindo, Fernando Savater y Enrique Vila Matas, han firmado el Manifiesto por el Copyright, en el que señalan que Internet debe ser un "medio libre y neutral, pero eso no quiere decir que no deban existir reglas en su administración y que pueda conservar la impunidad quien las infringe". "Con el pretexto de defender la libertad -añaden-, algunas voces están defendiendo en realidad la inmunidad para el saqueo de obras ajenas".

domingo, 19 de diciembre de 2010

Las webs de descargas cierran contra la 'Ley Sinde'

Una veintena de sitios web cierran como protesta ante una medida que convertirá Internet "en una tele más, al servicio del poder"

EUROPA PRESS Madrid 19/12/2010 14:41 Actualizado: 19/12/2010 14:54


Más de una veintena de páginas webs han cerrado a lo largo del día de hoy como protesta ante la posible aprobación el próximo martes de la disposición conocida como 'Ley Sinde', una medida que convertirá a Internet "en una tele más, al servicio del poder".

'Cinetube', 'Series Yonkis', 'El Rincón de Jesús', 'Cine Gratis' o 'Por descarga directa' han sido algunos de los participantes de esta iniciativa, que en la mayor parte de los casos redirigen a un texto explicativo del motivo del cierre a todos los usuarios que quieren acceder a sus contenidos.

"Si se aprueba la 'Ley Sinde', esta página desaparecerá. Internet será una tele más, al servicio del poder. Por la libertad de expresión en la Red. No a la censura. No a la Ley Sinde. No al cierre de webs", han explicado en ese breve texto. Todos ellos redirigen a los usuarios al portal 'No al cierre de webs' un espacio donde se encuentra un manifiesto del movimiento.

'No al cierre de webs' aloja también 'links' a algunos de los principales sitios que se han opuesta a la 'Ley Sinde' como Red Sostenible'. En su última entrada, pide a los internautas "seguir tejiendo" ayuda para evitar la disposición ya que, en caso de aprobarse, supondría "un cambio para siempre para todo el Internet español".

"Te invitamos a ver los vídeos, a escuchar, a leer y a reflexionar. Cuando te hayas informado acerca del peligro para las libertades que representa la Ley Sinde, no te quedes sentado. Sal a la calle y explícalo a todas aquellas personas que conozcas, muy especialmente a aquellas que viven desconectadas de Internet", ha explicado a los ciudadanos.

"Es una imposición extranjera para lograr una Internet sumisa y aceptable"Este documento responsabiliza a Estados Unidos como "incitador" de la aprobación de la medida, puesto que "ha presionado y pisoteado la soberanía nacional española" para sacar adelante el cierre de webs. "Es una imposición extranjera para lograr una Internet sumisa y aceptable", ha señalado.

Pese a que varios de los internautas que han intentado acceder a alguna de esta web se ha visto perjudicado --incluso alguno de ellos estaban utilizándolas cuando se ha producido el 'apagón, tal y como relatan en diversos foros--, la mayoría se ha mostrado partidario de la propuesta para defender la "libertad" en Internet.

El PNV podría 'tumbarla'

Según recoge el proyecto de ley de Economía Sostenible, una comisión del Ministerio de Cultura podrá bloquear una página web si entiende que vulnera la propiedad intelectual o es susceptible de causar daño patrimonial a los autores. Eso sí, la ejecución de dicho acto requerirá de autorización judicial.

La oposición podría unir fuerzas para rechazarlas El Gobierno prevé aprobar la disposición cuando se vote la ley en la Comisión de Economía del Congreso del próximo martes, si bien podría no contar con el apoyo de su socio presupuestario.

Así, el PNV estaría dispuesto a 'tumbar' la medida pidiendo una votación separada de la disposición, con lo que la oposición podría unir fuerzas para rechazarlas.

La cultura pide un pacto con la empresa

Todos los sectores de las artes firman mañana el Pacto Social por la Cultura para fomentar una Ley de Mecenazgo que anime la inversión privada en tiempos de recortes públicos

El Público, PEIO H. RIAÑO MADRID 16/12/2010 08:40

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La ley que facilitará la inversión

A la cultura no le salen las cuentas. Los tijeretazos en los presupuestos del Ministerio de Cultura y los recortes de las empresas en sus inversiones hacen temblar al sector. Mañana, más de 60 entidades dedicadas a la cultura firmarán un pacto histórico en este país para aclarar cómo hacer que la cultura sea capaz de resistir a la poda. Los sectores profesionales del libro, el patrimonio, las artes audiovisuales, las escénicas, la música, las artes plásticas o el diseño se unen en la sede madrileña del CaixaForum durante dos días, en la Conferencia Estatal de los Sectores Profesionales y Empresariales de la Cultura, con la intención de aportar nuevas ideas para acercar el mundo de la empresa al de la cultura.

El Pacto Social por la Cultura es un pacto de necesidad. No son las fundaciones, ni las empresas las que se unen para confirmar su vocación filantrópica. Son las víctimas que se revuelven para "aprovechar la potencia de la creatividad en beneficio de todos los sectores de la economía", según el pacto. En él se desarrollarán 11 puntos en los que se pide mayor transparencia, responsabilidad y coordinación a la política cultural institucional, así como el impulso de la modificación de la actual Ley de Mecenazgo y Patrocinio Cultural aprobada en 2002, con una nueva norma con más ventajas fiscales para quienes inviertan en cultura.

Alberto Anaut: "No podemos pretender que el Estado lo pague todo"
El fisco tiene la palabra

El pasado noviembre, Alfredo Pérez Rubalcaba, vicepresidente primero del Gobierno, anunciaba la reforma de la ley durante el primer cuatrimestre de 2011, y esta semana volvía a insistir en ella. "Tenemos una buena Ley de Mecenazgo, pero hay motivos para modificarla", aclaraba ayer a este periódico el director de La Casa Encendida de la Obra Social de Caja Madrid, José Guirao. "La cultura pide más ventajas fiscales para animar al sector privado y han surgido nuevos modelos de trabajo en el sector que necesitan ser actualizados en la norma Pero son malos tiempos para mejorar la fiscalidad", cuenta Guirao, que celebra ocho años al frente de la institución cultural.

"El problema actual de la ley es que no estimula a las empresas a meterse a este mundo. No creen que esto sea una buena inversión y prefieren eventos como el Xacobeo o la World Cup Race, porque la exención de impuestos es mucho mayor", explica Alberto Anaut, director de La Fábrica, empresa que se dedica a la creación de programación cultural tanto de instituciones públicas como privadas. Anaut propone un entendimiento entre lo privado y lo público. Dice que la única solución es la mixta para estimular a los inversores: "No podemos pretender que el Estado lo pague todo y, además, el apoyo no tiene que ser siempre una subvención", aclara.

"Son malos tiempos para mejorar las ventajas fiscales", cuenta José Guirao

Pero la filantropía tiene un precio para llenar los vacíos que ha dejado la financiación pública. El director de La Fábrica asegura que no se pueden crear estímulos para que la sociedad invierta en cultura "si no se les ofrece reconocimiento", además de las ventajas fiscales mencionadas. "La sensación que tienen muchas empresas es que sólo interesa su dinero. Hay que promover una cultura de reconocimiento para los que invierten en la sociedad", confiesa.

Precisamente, en esa línea se expresó hace unas semanas el ministro de Cultura inglés, Jeremy Hunt: "Hay que lograr un reconocimiento público más visible de los donantes. Se puede crear un sistema de honores para los mecenas", declaró. Entre las medidas legales que va a desarrollar su Gobierno para fomentar la inversión privada en las artes se encuentra la protección de la inversión extranjera.

Hunt también es partidario del "desarrollo de posibilidades de recaudación del sector de las artes", y del "fomento de la inversión de las empresas en grandes eventos de 2011". El pliego de medidas para hacer frente a un recorte del 30% de los presupuestos de su gabinete confirma la tradición anglosajona en los vínculos entre empresa y cultura. Incluso, avanza vagamente el anuncio de una norma que obligara a donar el 10% de las herencias a la cultura y caridad.

"Desde luego, no se trata de privatizar la gestión", aclara José Luis Melendo

De hecho, en nuestro país, con la Ley de Mecenazgo actual, las donaciones individuales desgravan un 25% del IRPF y un 35% del impuesto de sociedades si se trata de empresas. En Francia, llegan hasta el 66% y el 60% respectivamente. El caso de EEUU es extraordinario, donde las aportaciones pueden desgravar hasta el 100% de lo donado.
Honores para los donantes

El director general de Fundación Telefónica desde hace seis años, Paco Serrano, duda de la tradición de mecenazgo en España. "El reconocimiento filantrópico de empresas privadas no está bien visto en este país. Estamos muy lejos de la práctica anglosajona", cuenta Serrano, que desconfía que a un año de las elecciones vaya a haber algún cambio en la política fiscal del Gobierno en estos momentos. Es un mal momento para todos, pero un momento en el que se pide como agua el estímulo de la acción privada. El director de Fundación Telefónica resume la situación de la siguiente manera: "Los privados quieren verse más reconocidos y los públicos recibir cheques para administrarlos ellos".

Luis Calvo señala que hay que educar a las marcasen la inversión

Los colectivos piensan que es un momento de cambio, para señalar que hay que olvidarse de lo vivido. El debate entre si la cultura debe ser más privada o más pública está abierto en plena crisis económica, con las arcas del Estado bajo mínimos. "Las cosas tienen que cambiar", reconoce José Luis Melendo, coordinador de la Conferencia Estatal de los Sectores Profesionales y Empresariales de la Cultura, para quien la gestión de la cultura debe estar implicada en los sectores productivos de la sociedad.

"La reforma de la Ley de Mecenazgo es muy importante para que la inversión de la sociedad en cultura sea más fluida. De esta manera, la iniciativa pública se dedicará en exclusiva a fomentar valores como la creatividad y el talento", explica Melendo. Avisa de que habrá más recortes y que los tiempos pasados no volverán.
Empresas responsables

Paco Serrano: "El reconocimiento a las empresas aquí no está bien visto"

"Tenemos que cambiar nuestra forma de gestionar, porque ¿cómo va a emerger sino la cultura en el momento por el que pasamos? Desde luego, no se trata de privatizar la gestión, sino de llegar a un acuerdo razonable entre todas las partes sociales: el Estado, la sociedad civil y la empresa", cuenta. Pero reconoce el peligro que supone la utilización de la cultura como soporte de campaña de comunicación: "La Ley debe patrocinar proyectos de largo alcance. Además de garantías fiscales, hay que establecer responsabilidades culturales. Cuando hablamos de cultura, no podemos hablar de comercio".

Luis Calvo, director del festival de músicas del mundo Pirineos Sur, que este año celebra 20 años en activo, cumple con sus presupuestos, a partes iguales, con la Administración, el sector privado y las entradas de los espectadores: "A las empresas hay que enseñarles que la cultura es un valor añadido, para que valoren dónde invierten. En ningún caso, Pirineos Sur será lo que quiera el patrocinador, ellos saben en qué invierten". La censura, como dice José Guirao, es excepcional y se da en todas partes: "Lo público tampoco es sinónimo de garantía total, mira el MUVIM de Valencia".

jueves, 21 de octubre de 2010

El canon es un abuso y no cumple la directiva europea

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión considera que la tasa sólo puede aplicarse a los particulares, pero no a personas jurídicas.- Empresas y administraciones quedan exentas

el país

LAIA REVENTÓS - Barcelona - 21/10/2010

TEXTO ÍNTEGRO: La sentencia | CLAVES: La controvertida historia del canon | REACCIONES: González-Sinde: "Buscaremos alternativas" | Entidades de gestión de los derechos: "Europa respalda la compensación" | ENTREVISTA: El triunfo de Ana María Méndez, la mujer que ha desencadenado la sentencia | CHARLA DIGITAL: Charla con el abogado de la demandante | ESKUP: A vueltas con el canon digital, deja tu opinión

El cobro del canon digital en España, la tasa que se aplica a la compra de todos los equipos, materiales y soportes de grabación y reproducción digital para compensar los derechos de autor que los creadores dejan de percibir a causa de las copias privadas, es un "abuso" y "no cumple" la directiva comunitaria. Así lo acaba de dictaminar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha sentenciado que el gravamen sólo puede cobrarse a los particulares, pero no a personas jurídicas, por lo que empresas y administraciones deberían quedar exentas. "La aplicación del canon por [grabación de una] copia privada a los soportes de reproducción adquiridos por empresas y profesionales para fines distintos de la copia privada no es conforme con el Derecho de la Unión", reza la resolución. Tras conocer la sentencia, la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha anunciado que buscará "una alternativa" junto a "los otros países europeos que se van a ver afectados" por el fallo judicial. Actualmente, 22 de los 27 países de la Unión Europea cobran también un canon aunque difieren los productos y los porcentajes que se aplican. Por su parte, las entidades de gestión de los derechos de autor han opinado que "Europa respalda la compensación".

El escrito no cuestiona la aplicación del canon a dispositivos de uso masivo como móviles, MP3 y MP4, memorias USB, CDs, DVDs o discos duros externos, que supuso un ingreso para las entidades de gestión de 100,2 millones de euros el año pasado, y tampoco considera necesario "verificar" si las personas que adquieren estos equipos digitales para fines privados los destinan "efectivamente" a copiar contenidos protegidos por los derechos de autor. "Se presume legítimamente que dichas personas físicas se benefician íntegramente de tal puesta a disposición", es decir, se supone que explotan plenamente las funciones de que están dotados los equipos, incluida la de reproducción. Así pues, la "mera capacidad" de dichos equipos o aparatos para realizar copias "basta para justificar la aplicación del canon por copia privada, siempre y cuando dichos equipos o aparatos se hayan puesto a disposición de personas físicas en condición de usuarios privados", añade la sentencia.

En 22 de los 27 países de la UE

El tribunal europeo devuelve ahora la pelota al tejado de la Audiencia de Barcelona, tribunal que planteo estas cuestiones, que deberá "apreciar, a la vista de las respuestas facilitadas, si el sistema español del canon por copia privada es compatible con la directiva". La sentencia se refiere al litigio que enfrenta a la Sociedad General de Autores (SGAE) con la empresa Padawan, que vende CD, DVD y MP3. La SGAE, que en 2009 recaudó unos 26 millones de los 90 millones de euros recaudados por todas las entidades por este concepto, reclamó a Padawan el pago de 16.759,25 euros correspondiente a los dispositivos de almacenamiento comercializados por dicha empresa entre septiembre de 2002 y septiembre de 2004.

Padawan se negaba a pagar el canon al considerar que no siempre se utilizan para grabar obras protegidas por derechos de autor, sino también para el registro de datos privados o empresariales. El caso acabó en la Audiencia Provincial de Barcelona, que preguntó al Tribunal de Justicia de la UE si el sistema de gravamen español se ajustaba a la normativa. El fallo hecho público esta mañana recoge las principales conclusiones de la abogada general Verica Trstenjak, que dictaminó en mayo que este gravamen es abusivo porque se impone indiscriminadamente a todos los equipos, aparatos y materiales de reproducción.

La legislación española permite la reproducción para uso privado, sin autorización del autor, de obras ya divulgadas. Y establece una retribución a favor de los titulares de derechos para compensar las copias que se hacen de sus trabajos en el ámbito privado mediante el canon. En España, la legislación contempla por primera vez los derechos de autor en 1987 con la Ley de Propiedad Intelectual. En 1992 comienzan a gravarse los primeros artículos analógicos, aunque no es hasta 1996 cuando el texto refundido de la ley, en su artículo 25, obliga a poner en la factura el importe del canon y a cobrarlo. En 2006 entra en vigor la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que establece una revisión o actualización de soportes sujetos a canon (lápices USB, reproductores MP3, teléfonos móviles que reproducen música, discos duros externos, etc.) y sus tarifas. Esta actualización se plasma finalmente en una orden ministerial el 20 de junio de 2008. Las tasas actuales, fijadas en 2007, entraron en vigor en julio de 2008. Afecta a una veintena de soportes y equipos electrónicos. Para un CD, por ejemplo, es de 0,17 euros, para teléfonos móviles/PDA de 1,10 y para MP3 y MP4, de 3,15 euros.

La mayoría de los países europeos, salvo Irlanda, Reino Unido, Malta, Chipre y Luxemburgo, aplican el canon, aunque las tarifas y los productos a los que se aplica no son homogéneos. Francia es el estado miembro que más grava los CD vírgenes, con 0,35 euros, mientras que en Alemania no llega 0,1 euros. En los DVDs vírgenes la diferencia es aún mayor. Dinamarca, Holanda y Portugal sólo aplican canon a los soportes de almacenamiento de vídeo y audio. Además de estos artículos, tienen canon los MP3 o grabadoras de CD en Austria, Alemania, Bélgica, Francia, Finlandia, Grecia, Hungría Italia, Islandia, Letonia, Lituania, Eslovaquia, España, República Checa, Polonia y Suecia.

Entre los defensores del canon en España está el Gobierno, así como las ocho entidades de gestión de derechos de autor que existen. Además, otras formaciones como IU están a favor de la tasa pero consideran que debería gestionarse desde una entidad pública, o ERC, que también pone objeciones para no perjudicar a los usuarios. Entre los detractores, algunos de ellos discuten la aplicación indiscriminada del canon y otros abogan por su total eliminación. En el ámbito político, el PP considera "injusto y arbitrario" el canon, mientras que UPyD lo tilda de "impuesto medieval". Plataformas sociales como Todoscontraelcanon se han opuesto radicalmente, mientras que los empresarios de tecnología organizados en Asimelec piden una rebaja. Los internautas, en una encuesta realizada por la Asociación para la Investigación de Medios, mostraron por mayoría absoluta su oposición.

El Tribunal de Justicia de la UE pide a España que cambie el canon digital

el mundo


El Tribunal de Justicia de la UE se pronunció (sentencia, PDF) contra el canon digital español que grava a los fabricantes de CDs, DVDs, MP3 y otros equipos de reproducción "de forma indiscriminada", aunque admitió que se puede cobrar un extra a los usuarios privados.

La ley española de propiedad intelectual, que ha ampliado su ámbito desde 2003 e impone tasas a los aparatos e instrumentos de reproducción que pueden servir para hacer copias, no respeta el concepto de "compensación equitativa" definido en una directiva europea de 2001 sobre los derechos de autor ni el "justo equilibrio entre los afectados", en particular por imponer gravámenes a los fabricantes y los compradores profesionales.

Aunque reconoce el derecho de los Estados miembros a recaudar dinero para compensar a los autores, el alto tribunal de Luxemburgo considera que "la aplicación indiscriminada del canon en relación con todo tipo de equipos, aparatos y soportes de reproducción digital, incluido el supuesto de que éstos sean adquiridos por personas distintas de las personas físicas para fines manifiestamente ajenos a la copia privada, no resulta conforme con la directiva" europea sobre los derechos de autor.

Así, el Tribunal admite que un consumidor que compra un iPod deba pagar un extra para compensar a los autores de la música que se descargará, pero no que Apple lo tenga que hacer. O si una empresa o institución compra un USB para distruibuir su propaganda tampoco debería pagar ese recargo.

La sentencia es una respuesta a la Audiencia de Barcelona, que pidió ayuda para resolver un litigio entre la Sociedad General de Autores (SGAE) y Padawan, una empresa que vende reproductores digitales. "La SGAE no puede seguir cobrando a todos indiscriminadamente", explican a este diario fuentes del Tribunal.

El caso es tan relevante en Europa que varios Gobiernos han presentado en Luxemburgo argumentos a favor y en contra de los aspectos del canon: el español, el británico, el francés y el griego. Sin embargo, los jueces de la UE aseguran que corresponde ahora a los tribunales españoles dictaminar sobre la ilegalidad de la norma nacional.

El canon digital es una de las grandes fuentes de financiación de la SGAE desde que en 2003 el Gobierno Aznar amplió el canon digital a los CDs y DVDs y, en 2006, el de José Luis Rodríguez Zapatero hizo lo mismo con las grabadoras, los MP3, MP4 y los teléfonos móviles capaces de almacenar o reproducir música.